Dudas jurídicas y fiscales por anunciada reducción del ISD para sector aéreo

Criterios divididos sobre viabilidad de que el Ejecutivo pueda reducir el ISD por sectores

Varias dudas, de carácter jurídico y fiscal, se disparan tras el anuncio del presidente de la República, Guillermo Lasso, acerca de la eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD) para el sector del transporte aéreo, y que fue avalada por la Procuraduría General del Estado. El ISD que grava con 5 % a la salida de capitales al extranjero aporta de manera significativa al fisco. Entre enero y diciembre del 2019 fueron $ 1.140 millones; en el 2020 llegó a $ 964 millones y para 2021, entre enero y junio ya se han recaudado $ 557 millones. Sin embargo, la mencionada eliminación permitiría bajar costos al sector aéreo y por ende mejores tarifas y mayor turismo receptivo al aplicar la política de cielos abiertos para el Ecuador.

De acuerdo con la respuesta a la consulta que hiciera el presidente Lasso a la Procuraduría sobre la legalidad de emitir un decreto que eliminara el ISD para el sector aéreo, la Disposición General Segunda indica textualmente que “el presidente de la República podrá, con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanza de pagos, reducir gradualmente la tarifa del impuesto a la salida de divisas, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas”. Este último es el Ministerio de Economía y Finanzas.

Así, la Procuraduría dio luz verde al tema, indicando que sí se podría dar una reducción gradual de la tarifa, por sectores. Concluye que “la reducción gradual a la que está facultado el presidente abarca tanto una reducción pura y simple de la tarifa para todos los sectores como una reducción sectorizada de dicha tarifa”.

El criterio de Procuraduría se basa en el pronunciamiento aclaratorio que hizo el Ministerio de Economía en el sentido de que “(…) el presidente de la República podría proceder a la reducción gradual a la tarifa del referido impuesto, por sectores u otras variables, observando estrictamente aspectos de orden técnico, cumpliendo con las exigencias legales respectivas y considerando los principios tributarios, de manera especial el principio de igualdad”.

No obstante, el MEF enfatizó que además del procedimiento jurídico, se debe considerar la necesidad de examinar los aspectos técnicos que la reducción de la tarifa del ISD produzca, relacionados con la disminución de la recaudación tributaria, la identificación de fuentes que compensen la pérdida de ingresos.

De acuerdo con Napoleón Santamaría, abogado tributario, el presidente de la República sí está facultado para disminuir la tarifa, pero lo debe hacer a todos, por un principio constitucional de equidad y generalidad. Recordó que este tributo nació siendo del 0,5 %, luego subió al 1 %, después al 2 %, para colocarse finalmente en 5 %.

Para Santamaría, el presidente Guillermo Lasso tomó un camino equivocado al consultar al procurador sobre temas tributarios. PaSegún el experto, sobre este tipo de materia debe pronunciarse el SRI. Adicionalmente, explicó que si se llegan a tomar estas medidas estaría creando un régimen preferente y de excepción.

También destaca el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas que le dice a la Procuraduría que bajar el ISD significaría una disminución en los recursos para el presupuesto, por lo que le indica que debe buscar ingresos compensatorios a esa reducción.

Pablo Guevara, socio de Andersen en Ecuador, considera que si bien el presidente de la República tiene la mejor de las intenciones al eliminar este impuesto para el sector aéreo, la ley no se lo permite. Explicó que la ley le permite reducir gradualmente, pero esto no significa reducir a 0 %, pues esto ya sería una eliminación del ISD. Y, además, asegura que no puede hacerse con dedicatoria a un solo sector, sino de manera general, a todos.

Sin embargo, considera que lo que busca el presidente es hacer una exención a un sector, y para ello, la vía correcta es una reforma legal que debe pasar por la Asamblea.

Xavier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), considera que el presidente Lasso tiene toda la facultad de ir desmontando o reduciendo el ISD con base en el criterio del Ministerio de Economía y Finanzas. Cree que ir reduciendo gradualmente no se refiere solamente a la tarifa, sino que también se puede considerar a sectores, siempre teniendo en cuenta las condiciones de finanzas públicas y balanzas de pagos.



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